Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que agrupa a las Universidades públicas, enviaron una nota al subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano de la Nación, Alejandro Álvarez. Lo hizo “en representación del sistema universitario público” y en relación a la nota mediante la que “esa Subsecretaría requiere informar, en un plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, las medidas institucionales adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica, el derecho de enseñar y aprender, y las acciones desarrolladas frente a las medidas de fuerza impulsadas por los sectores docente y nodocente”.

Afirma la carta firmada por el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Anselmo Torres, “en primer término” y “con absoluta claridad”, que “las Universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando —en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias— el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública”.

Inmediatamente después, el texto aclara que, “sin embargo, toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa: el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso de la Nación en materia educativa”. “Dicha norma no solo fue aprobada por mayorías contundentes, sino también ratificada por amplísimos acuerdos parlamentarios, incluyendo mayorías calificadas de dos tercios, constituyendo una manifestación institucional inequívoca de la voluntad soberana del Poder Legislativo”, agrega.

Más adelante, señala que “desconocer o incumplir una ley de semejante legitimidad democrática no constituye un dato menor ni una mera controversia administrativa: implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes y coloca a las universidades nacionales en una situación de severa restricción financiera, salarial y operativa que impacta directamente sobre las condiciones materiales en las cuales debe garantizarse el derecho constitucional a enseñar y aprender”.

A continuación, el escrito afirma que, por ello, “resulta imprescindible señalar que cualquier afectación a la normalidad plena del sistema universitario no puede analizarse de manera aislada ni atribuida unilateralmente a las instituciones universitarias, como si estas fueran responsables originarias del conflicto”. Y añade: “La situación de tensión que atraviesa el sistema deriva, en lo sustancial, del incumplimiento estatal de obligaciones legales expresamente establecidas por el Congreso Nacional”.

En adjuntos, la nota completa del CIN

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